El conocimiento y los modos de vida ancestrales de los pueblos indígenas suponen hoy una oportunidad única para las políticas de desarrollo sostenible ante el impacto de los nuevos retos sociales, económicos y climáticos. La comunidad internacional, además de trabajar conjuntamente para la protección de sus derechos, puede aprender de una riqueza extraordinaria de modos de “buen vivir” de culturas milenarias
Por Juan Pita y Bruno del Mazo
Pueblos indígenas u originarios o “first nations”—como se denominan en países como Estados Unidos, Canadá o Australia— designan a una gran cantidad de grupos humanos, muy diversos y heterogéneos, que viven a lo largo y ancho del mundo y que tienen como características definitorias el mantenimiento de una cultura, identidad, formas de vida y organización social, lengua y otros rasgos propios, conservados durante siglos y anteriores al establecimiento o llegada de los grupos que ocuparon las tierras o los países en que vivían.
Hoy hay más personas que se reconocen como indígenas que nunca: 476,5 millones a nivel mundial. En América Latina son casi 60 millones, lo que supone el 8,5% de su población, el mayor porcentaje del mundo. Están distribuidos entre 826 pueblos indígenas, de los que 462 tienen menos de 3.000 habitantes.
Los pueblos indígenas, con una amplísima gama de realidades y situaciones, son portadores de unos saberes, formas de vida, cosmovisiones y relaciones con el medio, en gran parte antagónicas con las predominantes en las sociedades industrializadas. Por esta razón, con frecuencia han sido considerados ajenos, cuando no un obstáculo para el “progreso”, lo que ha conllevado choques y conflictos resueltos de manera violenta, con la expulsión y ocupación de sus tierras ancestrales, terminando en la exclusión, y llegando en algún caso al exterminio.
Pero en las últimas décadas, la mirada hacia estos pueblos y sus culturas ha ido cambiando, aumentando el interés por sus formas de vida, por sus valores, por el papel que otorgan al medio en el que viven y por su relación armónica con sus tierras a lo largo de los siglos, en contraste con los modelos extractivistas que provocan una degradación, a veces irreversible y devastadora.
Desafortunadamente, al tiempo que crece el interés, el respeto y el valor que se les da a estos pueblos, la realidad es que siguen sufriendo las peores condiciones de vida de las sociedades en las que viven. Aunque constituyen aproximadamente el 6 % de la población mundial, representan alrededor del 19 % de las personas extremadamente pobres.
En la región latinoamericana y caribeña, aunque es mucho lo avanzado en el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, los cambios no han sido lo suficientemente eficaces para responder a las prioridades de dichos pueblos.
Hoy son ya once los estados iberoamericanos que han reformado sus constituciones para reconocer su carácter multiétnico, pluricultural y/o plurinacional, reconociendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas en procesos que, en algunos casos, han supuesto una profunda transformación social y política. Pero, en muchos casos, siguen teniendo los índices de desarrollo más bajos de los países en que habitan, con un menor acceso a derechos fundamentales o servicios sociales como la salud, la educación, la vivienda, la justicia o la alimentación, sufriendo con frecuencia la discriminación y marginación en la práctica, aunque nominalmente se haya avanzado en el reconocimiento de sus derechos.
Pese a ello, sus tierras son explotadas por actividades extractivas sin su consentimiento, y siguen siendo perseguidos cuando se organizan y defienden sus derechos, llegando a ser expulsados de sus tierras y sometidos a violencia, como muestra el creciente número de líderes y lideresas indígenas asesinados en América Latina cada año.
Además, la región está experimentando cambios sociales y políticos de calado, con un aumento de la movilización de las sociedades para el avance en la democracia y en la protección y el ejercicio de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales; con la conquista de espacios y de reconocimiento por parte de grupos sociales en gran parte excluidos de los discursos y las dinámicas de poder hasta ahora. Los pueblos indígenas están entre estos grupos, y el avance en su conciencia, en su toma de posición para el cambio social y en el acceso a parcelas de poder político, social y económico suponen una oportunidad para que se produzca un giro en la historia.
En las últimas décadas, la cooperación internacional para el desarrollo dedica un apoyo creciente a la protección de los derechos de los pueblos indígenas y a sus reivindicaciones; tanto por parte de las agencias de cooperación nacionales, las agencias de Naciones Unidas, organismos financieros internacionales, oenegés, hasta llegar a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen como uno de sus ejes la diversidad cultural, para alcanzar la igualdad desde la diversidad.
Desde la década de 1990, la Cooperación Española está fuertemente implicada con esta causa, manteniendo un Programa Indígena desde entonces como parte de su actividad. En 1992 nace el Fondo Indígena para Latinoamérica y Caribe, FILAC, único organismo internacional que combina el respeto a la soberanía de los estados y a la autonomía de los pueblos indígenas, en el que España ha estado implicada desde su fundación, en Madrid, hace 30 años.
A día de hoy, el aumento de la incidencia política, social y mediática que están ganando muchos grupos que habían sido excluidos permite ser optimistas sobre la posibilidad de avanzar hacia sociedades más justas, inclusivas y que respeten, valoren y protejan a las minorías, como los pueblos indígenas, que suponen una parte esencial de su cultura, su historia y su patrimonio.
Se trata de garantizarles un acceso real y efectivo a sus derechos, incluidos los derechos colectivos reconocidos por el derecho internacional (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) e incorporados a las legislaciones de la mayoría de los países de Iberoamérica.
Nos encontramos en un momento de la historia que plantea grandes retos, con obstáculos complejos y nada fáciles que hay que superar, pero que, al mismo tiempo, ofrece unas oportunidades inéditas hasta la fecha en la conciencia y la movilización por parte de grandes capas de las sociedades latinoamericanas, que pueden suponer el principio de nuevos contratos sociales que permitan una convivencia más armónica con políticas más inclusivas que no dejen a
nadie atrás. Porque la inclusión plena de los pueblos indígenas en la gobernanza democrática no es sólo una cuestión moral y de justicia: es también una cuestión de futuro.
Juan Pita es Coordinador General de la Cooperación Española en Bolivia y vicepresidente segundo alterno del Consejo Directivo del FILAC.
Bruno del Mazo es Consejero Técnico en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) responsable del Programa Indígena.